El pasado mes de agosto de 2014 el ayuntamiento de Barcelona decidió actuar contra la proliferación del número de asociaciones cannábicas de la ciudad condal, actuando de forma rápida, y precipitada, contra unos 50 locales, precintando algunos, y obligando al cese de actividades de éstas. Desde Sant Yerbasi Grow Shop nos hemos hecho eco de esta situación, desfavorable para el consumidor de cannabis, y nos hemos planteado los pros y contras de la actuación realizada por la guardia urbana en la ciudad condal.
Según informaciones aparecidas en distintos medios, el ayuntamiento de Barcelona está preparando una regulación severa (que está siendo estudiada) en la que podría limitarse el número de socios, la edad de éstos, la entrada de extrangeros al local, además del cultivo de las plantas.
La normativa vigente para asociaciones y clubes cannábicos
Actualmente, en el estado español, existen centenares de asociaciones cannábicas sin ánimo de lucro que se apoyan en la legalidad vigente que les permite el cultivo colectivo para el abastecimiento de sus socios. Este vacío legal en el que se han amparado los clubes de cannabis, podría sufrir un revés importante en los próximos meses debido a la regularización de la actividad de estas asociaciones.
Hasta hace poco, estos clubs regentados por socios asiduos, debían cumplir con una serie de requerimientos impuestos por cada uno de los distintos ayuntamientos estatales. Entre estos requerimientos, muy dispares según la localidad, se enumeraban las obligatoriedades requeridas para la apertura del local a sus socios, así como formalidades técnicas de obligado cumplimiento del recinto y sus asociados.
Uno de los requerimientos que ha presentado más notoriedad en los últimos días, debido a las actuaciones policiales en la ciudad de Barcelona, ha sido la salida de humos de los locales. Al parecer la normativa obliga a la extracción de humos por la parte superior del edificio (el tejado) para evitar problemas de olores en la calle que pudieran causar molestias a vecinos y personas colindantes del local. Este punto ha sido utilizado en la mayoría de los 50 casos, dónde se ha dictaminado el cese de actividades, ya que extraían el aire del local directamente por la fachada del edificio.
Otro punto "caliente", siempre según informadores del ayuntamiento de la ciudad condal, son la cantidad de socios de algunos de estos clubes cannábicos. Al parecer se había detectado notables diferencias en el crecimiento desigual del número de socios de algunos de éstos (para ser socio suele requerirse ser avalado por otro socio) relacionando tales incrementos con la mala praxis de algunas asociaciones que repartían publicidad (también prohibido) a extrangeros que visitaban la ciudad e incluso utilizaban plataformas en internet para difundir sus actividades (ambos actos estaban específicamente prohibidos).
Ante esta situación, el ayuntamiento ha decidido poner cartas en el asunto y plantear una regulación (largamente esperada) que algunos plantean llega tarde.
Asociaciones cannábicas sin ánimo de lucro
Según la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas), los Clubes Sociales de Cannabis son asociaciones que se auto abastecen y distribuyen cannabis entre sus propios socios, todos mayores de edad y en un ámbito privado, sin alcanzar a terceras personas, reduciendo los riesgos asociados al mercado negro y al uso del cannabis y de esta manera participando activamente en la mejora de la sociedad.
Al tratarse de asociaciones sin ánimo de lucro, no es posible lucrarse con ésta actividad. Beneficios que, de existir, deberían ser transformados en beneficios para sus socios.
También durante este verano de 2014 han aparecido en los medios casos, sospechosos de practicar un blanqueo de capitales, mediante la creación de empresas satélites que se beneficiaban de la actividad de éstas de forma directa. Es en este punto dónde aparece otro foco de atención de la policía, que ha precintado los distintos locales, detenido a dirigentes y abierto diligencias contra los supuestos blanqueadores.
El bajo amparo legal y las intenciones policiales
Con estas circunstancias sobre la mesa, los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) están sujetos a una constante, y difícil, presión de las policía por demostrar unos actos que presuntamente podrían estar ocurriendo dentro de éstos locales.
Por un lado, las autoridades policiales, sostienen que la actividad de estos clubs implica el tráfico ilegal de sustancias entre los socios, produciéndose derivada de una actividad ilegal. El cuerpo de los Mossos d'Esquadra (policía autonómica Catalana) mantiene que no existe un control suficiente sobre las actividades de los Clubs Cannábicos, permitiendo así unas (presuntas) irregularidades que algunos clubs cometen.
Referenciando al amparo legal, curiosamente, son las asociaciones cannábicas las que han venido reclamando un marco que les permita dar servicio a sus asociados de una forma clara, y sin problemas ante la ley. Hay que recordar que, de forma totalmente discriminatoria, las asociaciones reciben visitas aleatorias por partes de los cuerpos policiales, que han venido practicando intervenciones de todo tipo.
Un punto especialmente difícil es la situación legal de los cultivos de marihuana. Hasta el momento, los llamados clubes de fumadores, no han tenido que comunicar dónde estaban los cultivos que abastecían a sus socios (los que lo han hecho han sido intervenidos por la policía, y precintados). Este semi-hermetisto levanta inquietudes a ambos lados: Por un lado los clubes asumen el riesgo que el cultivo sea encontrado por la policía y decomisado y, por el otro, la policía tiende a sospechar que la producción sea desviada a otros fines que el consumo en la asociación. Ante esta situación doblemente insatisfactoria ambos reclaman a jueces que esclarezcan cuales son las premisas a seguir para no caer en un gasto público continuado (y una saturación de los tribunales con casos relacionados con los Clubes Cannábicos).
Mirando a otros países y las soluciones que se han adoptado
Aún y que España nunca a sido un país caracterizado por ser el más rápido en sus decisiones, la situación llama a la actuación pronta. Si miramos a la metodología adoptada por otros países como Estados Unidos o Uruguay tenemos dos claros ejemplos, distintos entre sí:
- La situación en Estados Unidos: Uno de los países con mayor preocupación por el aumento del consumo de marihuana entre su población, ha ido adaptándose a la llamada ola verde en sus distintos estados, en los que se han ido introduciendo leyes que regulaban el uso del cannabis. En algunos se ha optado por aprobar el uso medicinal, mientras que en otros se ha optado por una aprobación del término uso lúdico. Este uso lúdico ha derivado en la creación de los llamados Dispensarios de marihuana (locales en los que cualquiera puede entrar y adquirir flores secas). Según los estados dónde se ha despenalizado la venta de cannabis para uso lúdico, esta medida ha repercutido en un incremento sustancial de las ganancias en forma de impuestos recaudados por el estado.
- Uruguay, y su lucha particular contra el narcotráfico, ha derivado en otra fórmula para la legalización del cultivo y consumo de cannabis: El estado (presidido por Mújica) decidió, tras derrochar miles de millones a la lucha contra el narcotráfico, fijar un precio máximo de venta de esta sustancia en el mercado cercana a 1€. De esta forma el estado adjudicará licencias a cultivadores que, bajo su supervisión, podrán proveer de cannabis a un precio máximo fijado. Esta precio máximo, como aseguraba el presidente Mújica en declaraciones a los medios, se ha decidido fijas para evitar el posible interés de grandes grupos organizados en controlar el mercado (que ahora les es menos lucrativo).
La lógica legal y los beneficios para el estado
Expuestos los posibles escenarios, es de lógica elemental que más allá de la opinión pública sobre el consumo de una sustancia, lo realmente importante para un estado (que no pasa por sus mejores momentos económicos) es la capacidad recaptativa de impuestos. La actual figura de los clubes de fumadores sin ánimo de lucro aporta muy poco a las arcas del estado (básicamente impuestos derivados de las compras que hacen los clubes, y los ingresos de terceras personas, como puedan ser los dueños de locales que alquilados, que se benefician de los ingresos derivados del alquiler).
Una realidad distinta supondrían los dispensarios de cannabis, ya que se ha demostrado que, aún y ser grabados con impuestos, los consumidores acuden con asiduidad. Además estaríamos hablando de una recaptación de impuestos sobre un capital a priori nunca recaptado (por estar directamente relacionado con el mercado negro).
En una supuesta regularización, por parte de las autoridades, es de esperar que se amparará a dos tipos de figuras:
- Grupos de consumidores a pequeña escala que se unen sin ánimo de lucro (en grupos reducidos) para conseguir resultados conjuntos.
- Dispensarios médicos y lúdicos de cannabis (se sobreentiende que el impuesto sobre el consumo medicinal sería inferior al impuesto sobre el consumo lúdico).
En ambos casos parece razonable pensar que se obligará a una identificación de los cultivos de las plantas para un mayor control sobre la producción y el destino de éstas (evitando así el desvío a el mercado negro nacional e internacional. Paralelamente es más que probable que la capacidad productiva de marihuana vaya en relación al número de usuarios y, a diferencia de la actualidad dónde en caso de existir sobreproducciones se deben compensar con menor producción en siguientes cultivos, por tanto, ante la incapacidad de producir en función de la demanda futura, cada usuario, o socio del club cannábico, tardaría un periodo no inferior a 3 meses desde su entrada (tiempo necesario para la producción de un cultivo. En países como Estados Unidos esta limitación se realiza de forma anual.
Barcelona, a 11 de Septiembre de 2014